El Compliance Penal es el conjunto de herramientas de carácter preventivo.

Su objetivo estriba en garantizar que la actividad realizada por la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan de acuerdo a las normas legales, políticas internas, códigos Éticos sectoriales y cualquier otra disposición que la misma esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo voluntariamente, como parte de sus buenas prácticas.

El artículo 31 bis del código Penal es el que fija el concepto de Compliance Penal y se fijó en la reforma del 2010, siendo en la posterior reforma del 2015, donde se desarrolló un contenido acorde a la obligación de cumplimiento. Actualmente rige la norma ISO 19600 sobre la gestión de Compliance, la Norma UNE 19601 sobre Compliance Penal y la Norma ISO 37001 sobre la prevención del soborno y la corrupción, para adecuar a la persona jurídica a las necesidades de cada organización.

Evitando eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa y la posible infracción de carácter penal.

Es de relevancia penal y punitiva, el hecho de que para que el sistema sea eficaz y valorado por un juez como atenuante o eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica, deberá ostentar un mínimo de los siguientes seis elementos.

1. Identificar las actividades

2. Establecer protocolos o procedimientos

3. Dispones de modelos de gestión

4. Informar de posibles riesgos

5. Establecer un sistema disciplinario

6. Realizar una verificación periódica.